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Los retos futuros de las ventas de unidades productivas en sede concursal

Bárbara M.ª Córdoba Ardao

Magistrada especialista mercantil, titular del Juzgado Mercantil n.o 13 de Madrid

Diario La Ley, Nº 9617, 21 de Abril de 2020, Wolters Kluwer

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDc0tLE7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEwNjtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAPwjgU5jAAAAWKE

Excelente artículo de la Magistrada Especialista con unas prácticas e interesantes conclusiones respecto a acciones para intentar salvar el tejido industrial español:

  • 1) Impulsar mecanismos de alerta temprana para las empresas, a fin de que el órgano de administración pueda tomar conocimiento de esa tendencia negativa y reconducir el plan de negocio o la política empresarial de la compañía.
  • 2) Fomentar los mecanismos preconcursales, en especial, los acuerdos de refinanciación, debiendo flexibilizar aún más su tramitación con la mínima intervención judicial.
  • 3) Tener un cuerpo de administradores concursales profesionales que dispongan de los conocimientos jurídicos, económicos y contables necesarios para garantizar una correcta gestión del concurso.
  • 4) Que los juzgados puedan disponer de medios y herramientas adecuadas para discernir, en primer lugar, qué concursos son urgentes de los que no lo son y poder dar respuestas ágiles y en un plazo razonable de tiempo.

Y, en particular, en lo que a ventas de unidades se refiere:

  • 1) Se debería atribuir, de manera clara e inequívoca, la competencia objetiva al juez del concurso para conocer, no sólo del proceso de venta en sí mismo, sino también, de los efectos derivados de la misma, tanto sociales como económicos, con la finalidad de que el adquirente conozca, desde el principio, los riesgos que implica la inversión y pueda ofrecer un precio cierto, eliminando así la incertidumbre de los pasivos contingentes inicialmente no contemplados en el perímetro de la unidad productiva, procedentes de expedientes de derivación de responsabilidad.
  • 2) Sustituir el derecho de veto de los acreedores con privilegio especial en las ventas de unidades productivas por un trámite de audiencia cuando éstas sean la culminación de un proceso público y concurrente, debiendo quedar limitado únicamente ese derecho de veto a los procesos de venta directa en sentido estricto.
  • 3) La sucesión de empresas a efectos laborales y de la seguridad social para el adquirente de la unidad productiva debería limitarse, por ejemplo, a los trabajadores subrogados o, al menos, a los contratos de trabajo en vigor al tiempo de la oferta, y por supuesto, siempre limitados al centro de trabajo o unidad de negocio que se adquiere y no a la totalidad de la empresa.
  • 4) Por último, debería conseguirse una mayor implicación de las administraciones públicas, tanto autonómicas como nacionales, en los procesos de venta de las unidades productivas, colaborando activamente con la administración concursal en la búsqueda de posibles inversores.

Sólo así podremos atraer la inversión y relanzar las ventas de unidades productivas, en beneficio de nuestra economía y de nuestra sociedad

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